ALVARO URIBE VELEZ

Álvaro Uribe Vélez (nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, Antioquia) es un político y abogado colombiano que actualmente ejerce como presidente de la República de Colombia por el período 2006-2010. Fue reelegido para dicho cargo tras su anterior administración (2002-2006) después de que presentara un acto legislativo que modificó la constitución. Existen dudas sobre si el mandatario aspirará a un tercer periodo presidencial (periodo 2010-2014) por medio de un referendo popular que está en trámite.
Uribe se graduó en derecho en la Universidad de Antioquia y cursó posteriormente estudios en administración, gerencia y negociación de conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad Harvard;fue también "miembro senior asociado" de un college de la Universidad de Oxford.
Como político ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio del Trabajo y la Aeronáutica Civil, sirviendo como Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997), siendo finalmente elegido presidente de la República de Colombia en 2002.

VIDA POLITICA

Álvaro Uribe Vélez empezó su vida pública a temprana edad, cuando, junto con Hernando Agudelo y Diego Calle, comenzó a militar en el Partido Liberal Colombiano. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por Don Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como "Sector Democrático" junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática.
En 1976, Álvaro Uribe fue ascendido a Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, ejerciendo entre 1977 y 1978 como secretario general del Ministerio del Trabajo.

PRESIDENTE DE COLOMBIA 2002-PRESENTE

Su mandato presidencial se ha caracterizado por la lucha frontal contra los grupos irregulares en Colombia y el narcotráfico bajo un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática que es amparado en parte por el Plan Colombia y ha sido criticado por sectores de la oposición y disidentes. El gobierno de Uribe llevó a cabo una controvertida desmovilización de grupos paramilitares activos dentro de las AUC, que inluyeron la Ley de Justicia y Paz, para reducir los espacios de acción de las guerrillas como las FARC y el ELN.
Uribe ha buscado la firma de distintos tratados de libre comercio con otros países, principalmente con Estados Unidos. Ha sido acusado por sectores opositores y disidentes de presuntamente haber tenido relación con el Cartel de Medellín y el fomento del Paramilitarismo en Colombia, por lo cual ha sido investigado y encontrado inocente. Uribe ha negado cualquier relación con dichos sectores criminales, pero funcionarios de su gobierno y aliados políticos ha sido condenados en el escándalo de la Parapolítica, lo que ha generado cuestionamientos. Uribe ha fomentado la Economía de mercado y una fuerte alianza estratégica con Estados Unidos, también criticada por crear dependencia de dicho pais. También en el campo internacional ha mantenido relaciones de altibajos con los gobiernos del venezoalno Hugo Chávez, el ecuatoriano Rafael Correa y el nicaraguense Daniel Ortega.
Se han presentado diferentes controversias y críticas en torno al presidente Uribe, su entorno familiar y su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas. Entre ellas se encuentran acusaciones por parte de Piedad Cordoba, Gustavo Petro y Virginia Vallejo sobre presuntos vínculos con el Cartel de Medellín y el Paramilitarismo en Colombia, lo cual ha negado tajantemente.

PRIMER PERIODO PRESIDENCIAL 2002-2006

Álvaro Uribe Vélez, quien siempre había militado dentro del partido Liberal, se presentó a las elecciones presidenciales de 2002 inicialmente como precandidato de su colectividad. Sin embargo, el candidato alegó falta de garantías para competir contra el ex-ministro y ex-candidato presidencial Horacio Serpa y, además de las cada vez más marcadas diferencias ideológicas entre ambos (Serpa, representando una tendencia socialdemócrata y Uribe, una más hacia la derecha dentro del liberalismo), decidió presentarse como independiente. Sus principales contendores fueron Horacio Serpa, en representación del Partido Liberal; el ex dirigente sindical Luis Eduardo Garzón por el Polo Democrático Independiente, la ex ministra Noemí Sanín por el movimiento Sí, Colombia y la senadora Íngrid Betancourt por el Partido Verde Oxígeno (ésta última, terminó su campaña estando secuestrada por las FARC). Varios dirigentes liberales y el Partido Conservador —que en esas elecciones desistió de la candidatura del ex ministro Juan Camilo Restrepo- dieron su apoyo a Uribe.
Uribe fue elegido presidente de Colombia para el período 2002-2006 con el 53% del total de votos (5.862.655 votos), derrotando a su principal contendor, Horacio Serpa que obtuvo el 31,8% de los votos (3.514.779 votos) y convirtiéndose en el primer presidente en ganar las elecciones en primera vuelta desde que se instauró la medida en la Constitución de 1991. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la participación en las elecciones fue del 46.471% (11.249.734 personas) del censo electoral.
En el 2002 la campaña presidencial de Uribe recibió 100 millones de pesos de parte de la empresa Uniapuestas, en la cual la señora Enilse López (alias "La Gata") era la accionista mayoritaria.
Posteriormente, López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado sospechosa de estar relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió el dinero y últimamente con el paramilitarismo.
Sin embargo, Uribe y su ex-gerente de campaña Fabio Echeverri han argumentado que no se ha ocultado nada sobre la financiación de su campaña, que ese monto fue reflejado en la contabilidad y que no se incurrió en ninguna conducta ilegal ya que en el 2002 las empresas de Enilse López estaban legalmente constituidas.
Diversos críticos, entre ellos los pre-candidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos, algo no demostrado hasta el día de hoy.

SEGUNDO PERIODO PRESIDENCIAL 2006-PRESENTE

Uribe fue reelegido presidente de Colombia para el período 2006 - 2010 después de impulsar una reforma a la constitución que permitía la reelección inmediata. La aprobación de la reforma en el Congreso fue un hecho controversial debido a que los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su decisión a última hora; Medina votó favorablemente la reelección después de que había manifestado su voto en contra, mientras que Avendaño se ausentó de la votación. Mucho se había especulado sobre el tema hasta que en abril de 2008 el periodista Daniel Coronell reveló un video en el que Yidis Medina dice haber aceptado prebendas de parte del propio presidente Uribe y de algunos de sus cercanos colaboradores para cambiar su voto, sin embargo según Medina, a pesar del compromiso hecho con el presidente no recibió lo prometido. Los funcionarios implicados y el presidente Uribe han negado rotundamente los hechos.
En la elección, Uribe alcanzó el 62.35% total de la votación (7,397,835 votos). La votación, claramente a su favor, superó el número de votos alcanzados en el primer periodo, convirtiéndose el mandatario con mayor número de votos obtenidos en la historia electoral del país. En dicha elección participó el 45.05% (12.041.737 personas) del censo electoral.

POLITICA DE SEGURIDAD

Como parte de una política de seguridad, Uribe sentó unas reglas sobre las condiciones que deben cumplir los grupos ilegales para negociar. Condiciones que han sido rechazadas por las FARC, tímidamente seguidas por el ELN y asumidas por las AUC, con lo que se abrió la puerta para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. El proceso resultante ha sido cuestionado por varios críticos que temen que las condiciones no sean suficientes para impedir que haya un grado, para ellos inaceptable, de impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las víctimas que no ha sido eficiente y algunas de las personas que han reclamado reparación han sido perseguidas o asesinadas. De igual forma, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico. El proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia ha servido, no obstante, para disminuir la tasa de criminalidad y gracias a la confesión plena, que impuso la Corte Constitucional, para dar a conocer públicamente los vínculos de políticos con los grupos armados ilegales. El gobierno asegura que gracias a su gestión se ha desmontado al paramilitarismo.

ACUERDO HUMANITARIO

El Gobierno de Álvaro Uribe fue criticado por el frustrado intento de rescate de un grupo de secuestrados en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes al notar la inminente operación de rescate decidieron ejecutar a los secuestrados, con las graves consecuencias que la acción llevó. El Papa Juan Pablo II manifestó su "hondo pesar" por las muertes de los políticos y militares colombianos, en tanto que la Unión Europea condenó los asesinatos de las FARC y pidió la liberación de todos los secuestrados, algo que no fue satisfecho por parte de la guerrilla.
El 2 de julio de 2008 el Ejército Nacional colombiano realizó un histórico rescate de 15 secuestrados (entre los que se encontraban Íngrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 militares colombianos) calificado de "perfecto" debido a la impecable acción que permitió la completa liberación sin un solo disparo.

REFORMAS

Otra de las políticas impulsadas desde la campaña consistía en la disminución de los gastos del Estado. Uribe había prometido disminuir el gasto del Congreso, llevar a término una fusión de Ministerios y reducir los gastos pensionales de los servidores públicos. La fusión de algunos ministerios ha sido cuestionada por algunos expertos y por la misma Corte Suprema de Justicia, como es el caso del Ministerio del Interior y de Justicia.
Uribe ha fusionado los ministerios de Justicia y Gobierno en el Ministerio del Interior y de Justicia; el Salud y el de Trabajo, en Ministerio de la Protección Social; y ha llevado a cabo una triple fusión entre los ministerios de Desarrollo, Vivienda y Medio Ambiente.
La política de Uribe también se ha basado económicamente en los principios fundamentales del libre mercado y la privatización, algo demostrado con la liquidación de empresas estatales como Telecom, Inravisión, Caprecom y Cajanal para facilitar la creación de otros entes, con el argumento de que son más dinámicos y con menores pasivos pensionales.
Para cumplir algunas de las promesas de campaña, Uribe promovió un referendo en el que incluía puntos como la muerte política de quienes defrauden al estado, la eliminación de las contralorías y personerías regionales, y un conjunto de reformas en la elección y conformación del congreso, asambleas y concejos. También incluía un polémico punto en el que se prorrogaba un año más el término de todas las autoridades regionales y locales del país, lo cual fue entendido por la oposición como un claro intento de obtener el respaldo de estas autoridades al proyecto completo.
Debido a la situación fiscal del país, el referendo incluyó también algunos puntos de carácter económico.
El referendo, celebrado en octubre de 2003, un día antes de las elecciones regionales, falló en convocar el número mínimo de votos válidos (25% del censo electoral publicado) en todos los puntos salvo el primero (muerte política), el cual obtuvo más de un 90% de votos por el "Sí" (5.874.193 votos). La derrota en parte se debió a la controversia que suscitó tanto la forma como el fondo del texto a refrendar entre los opositores y también entre varios de los aliados del gobierno, dando lugar a una campaña de abstención opositora que contribuyó a reducir la participación en el mismo. Según sus críticos, también influyeron los costos sociales que tendría el referendo y que esgrimieron como motivo de rechazo al mismo.

RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL

Las relaciones entre el poder ejecutivo y judicial durante el gobierno del presidente Uribe, y particularmente con la Corte Suprema de Justicia, han sido tensas, especialmente en su segundo mandato. Los dos poderes se han acusado mutuamente de conspiración en especial a raíz del escándalo de la Parapolítica y el escándalo de la Yidispolítica. El caso fue finalmente puesto en conocimiento de la Corte Penal Internacional.